Hace unos días se anunció que el Gobierno de España ha activado una unidad para hacer frente a las amenazas híbridas, los ciberataques y la desinformación, un instrumento previsto inicialmente de cara a las elecciones europeas (a las que se suman las autonómicas y locales) del 26 de mayo, pero cuya creación se ha decidido adelantar al escenario que dibujan las elecciones generales del 28 de abril.
Se pone así de manifiesto hasta qué punto la manipulación informativa se percibe como amenaza para la seguridad nacional, un elemento que ya quedó reconocido cuando en 2017 se incluyeron en la Estrategia Nacional de Seguridad, por vez primera, las campañas de desinformación como parte de la “guerra híbrida”. Hace más de un año de aquello, pero ya por entonces existían numerosos proyectos internacionales dedicados a investigar, identificar y visibilizar este tipo de campañas.
Y es que las plataformas sociales han demostrado ser un eficaz instrumento de difusión de noticias falsas, polarización de opiniones y propaganda, capaces de influir en resultados electorales tan variados como la campaña presidencial de Estados Unidos que ganó Trump, el referéndum por el que el Reino Unido aprobó el Brexit o, más recientemente, la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Las redes son, además de sociales, políticas.
Las elecciones europeas, en el punto de mira
En el punto de mira están, desde hace unos meses, las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año. En octubre de 2018 las grandes compañías (entre ellas Facebook, Twitter, Google y YouTube) suscribieron ante la Comisión Europea un Código de Buenas Prácticas en el que se comprometieron a redoblar sus esfuerzos contra las fake news, pero ha quedado claro que la intención no es suficiente: la Comisión Europea exigió que a partir del 1 de enero de 2019 y al menos hasta que se celebren las elecciones de mayo, las grandes plataformas deben informar mensualmente a Bruselas de las medidas adoptadas contra las fake news. Tras su primera reunión, el 29 de enero, la comisaria de Sociedad y Economía Digitales, Mariya Gabriel, insistió en que aún queda mucho trabajo por delante y reclamó mayor esfuerzo para combatir la desinformación y garantizar la transparencia en la propaganda.
No en vano, el Eurobarómetro de la Unión Europea, en diciembre de 2018, recogía que el 83% de los ciudadanos europeos considera que las noticias falsas son una amenaza real para la democracia, mientras que el 73% se muestra preocupado sobre las campañas de desinformación digital en periodos pre-electorales.
Cunde la desconfianza.
Y España no es una excepción
Según el informe “Desinformación en el ciberespacio” publicado en febrero de 2019 por el Centro Criptológico Nacional, España sufre cada día nada menos que tres ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas. “Algunas de estas acciones ofensivas tienen su origen, principalmente, en otros Estados que tienen entre sus propósitos debilitar y comprometer la capacidad económica, tecnológica y política de España”, señala el informe, que también advierte: “Sin embargo, cada vez más, tienen como objetivo alterar el funcionamiento de uno de los principales elementos del desenvolvimiento de una democracia liberal y de un Estado-Nación moderno: la opinión pública”.
Es un fenómeno en alza que inquieta, cada vez más.
De hecho, el 69% de los internautas españolas afirma sentirse preocupado por la desinformación, según el Digital News Report 2018 elaborado por la Universidad de Navarra y la Universidad de Oxford. Un 46% de los españoles dice haberse encontrado con alguna noticia manipulada en la última semana, y un 45%, con casos de mal periodismo (errores factuales y sensacionalismo). Además, dos de cada tres internautas españoles consideran que los políticos abusan de la expresión “fake news” para desacreditar a los medios que les desagradan.
Para recuperar la confianza o, por lo menos, intentarlo, tanto Facebook como Twitter, LinkedIn, Instagram y el resto de correligionarias han implantado medidas encaminadas a limitar la proliferación de cuentas falsas, suprimir contenidos asociados al odio, prevenir la difusión de desinformaciones, controlar el spam… Facebook ha anunciado nuevas herramientas para impedir la interferencia de actores extranjeros en los procesos electorales. WhatsApp limitó en enero el reenvío de mensajes a un máximo de cinco contactos, con el objetivo de dificultar la viralización de informaciones (aunque, dado que siempre queda el recurso de copiar y pegar, esta medida es en realidad de eficacia reducida).
WhatsApp se ha situado, precisamente, en el centro de la tormenta, por su capacidad para viralizar contenidos en entornos cerrados, privados y considerados “de confianza”. En España, 25 millones de personas utilizan WhatsApp: es el país europeo donde más se usa esta aplicación. En España, además, entró en vigor en diciembre de 2018 la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que abría la puerta (entre otras cosas) al envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería… como WhatsApp (en marzo, el Defensor del Pueblo interpuso recurso de inconstitucionalidad por este y otros “detalles” de la nueva Ley).
Surgen también proyectos independientes que tratan de monitorizar las informaciones que circulan en redes sociales y analizan los mensajes con técnicas del periodismo de datos para su verificación, como Maldita.es.
En tu manos está
Pero conviene no olvidar que la responsabilidad de contrastar y comprobar las noticias para evitar la desinformación y la propagación de falsedades no recae únicamente en organizaciones o plataformas, sino también en el individuo, que al fin y al cabo es el receptor y redifusor. Es fundamental desarrollar una actitud crítica (no confundir con criticona), que tenga como objetivo querer diferenciar lo que es cierto y lo que es falso en Internet, y saber cómo hacerlo. Es esencial analizar fuentes de información, contrastar noticias, no asumir como auténtico el pantallazo que llega al móvil. No dar credibilidad a fuentes anónimas o ponerlas al menos “en cuarentena”, tener afán por ampliar información e ir más allá del titular. Comprobar datos, y comprobarlos uno mismo: recabar documentación. No escudarse en la rapidez informativa y la instantaneidad para aceptar el consumo rápido y sin digestión de cualquier noticia.
Ser consciente, en definitiva, de que todos somos potenciales miembros de una cadena de mentiras y desinformaciones. Y que también en nuestras manos (y no solo las ajenas) está romperla.
Y tú, ¿qué opinas?
Foto: Freepik
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